Larga travesía de un archivo

El Archivo del Libertador estuvo a punto de desaparecer, pues el propio Bolívar en la cláusula 9na de su testamento –otorgado el 10 de diciembre de 1830– ordenó la incineración de todos sus papeles. Este mandato no se cumplió, pues su albacea testamentario, Juan de Francisco Martín y su edecán, el oficial irlandés Daniel Florencio O’Leary, impidieron que se ejecutara la medida. En mayo de 1831 se trasladaron a Jamaica, lugar donde el comerciante francés Juan Bautista Pavageau tenía depositados diez baúles contentivos de los papeles del Libertador, entregados por éste a su persona en Cartagena, con el objeto de trasladarlos a París.

Una vez en Jamaica, Martín y O’Leary procedieron a dividir los papeles en tres partes: los correspondientes a los años 1813 a 1818 fueron enviados al general de brigada Pedro Briceño Méndez residenciado en Curazao, y quien tuvo como misión escribir la historia de la guerra durante ese periodo; una segunda parte contentiva de documentos de 1819 a 1830 fue conservada por O’Leary quien de inmediato inició una labor destinada, no sólo a la preservación y redacción de la historia del periodo que abarcó este segmento, sino a su incremento con la adquisición de documentos provenientes de otras fuentes; finalmente, la tercera parte la dejó para sí Juan de Francisco Martín, cuyos papeles correspondían a diversos años que iban de 1813 a 1830, en su gran mayoría documentos de carácter oficial y correspondencia particular de funcionarios de diversos países.

Hacia finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, estas tres partes lograron reunirse nuevamente, experimentando a su vez, un notable incremento con la incorporación de numerosos documentos que fueron comprados por el Estado venezolano o recibidos en calidad de donación. La primera parte en ser recuperada fue la que se hallaba en manos del edecán Daniel Florencio O’Leary. Luego de su muerte, en febrero de 1854, pasaron al cuidado y continuación del acopio por parte de su hijo Simón Bolívar O’Leary quien, en carta dirigida al general Antonio Guzmán Blanco, en fecha 16 de agosto de 1879, le ofreció el cúmulo de documentos y le pidió que publicase las denominadas Memorias del general O’Leary, llamada así erróneamente pues como memorias sólo existen los dos tomos de Narraciones y otro que corresponde a un Apéndice, el resto de la colección concierne a los documentos del Libertador. Finalmente los manuscritos fueron adquiridos por el gobierno nacional en 1883, y entre los años 1879 y 1888 fueron publicados 32 tomos, a los cuales se les añaden dos volúmenes editados por la Sociedad Bolivariana en 1956, y que corresponden a los índices realizados por Manuel Pérez Vila, con lo cual obra se constituye por un total de 34 tomos.

Por su parte, la sección enviada al general de brigada Pedro Briceño Méndez a Curazao, fue traspasada por sus herederos al político Ramón Azpurúa, quien a partir de 1855 los utilizó para completar la obra titulada Documentos para la historia de la vida pública del Libertador de Colombia, Perú y Bolivia, tarea compilatoria que había iniciada años antes el sacerdote y general José Félix Blanco. El resultado de este trabajo llevado a cabo inicialmente por Blanco, continuado y ampliado por Azpúrua, fue publicado entre los años 1875 y 1878, también bajo la presidencia del general Antonio Guzmán Blanco, quien decretó el 6 de julio del mismo año 1875 la edición de esta obra, la cual vale destacar, se fundamentó en el trabajo realizado por los doctores Francisco Javier Yanes y Cristóbal Mendoza titulado Colección de documentos relativos a la vida pública del Libertador de Colombia y del Perú, Simón Bolívar para servir a la historia de la independencia de Sur América, publicada entre los años 1826 y 1833.

Sin embargo, estos documentos originales que habían sido cedidos a Ramón Azpurúa, fueron vendidos por sus herederos hacia finales del siglo XIX a un funcionario alemán que pertenecía a la empresa del ferrocarril Caracas – Valencia de apellido Arensbourg. Ya entrado el siglo XX, César Zumeta quien había asumido el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en 1914 por designación de Juan Vicente Gómez, gestionó conjuntamente con Vicente Lecuna la recuperación de estos importantes papeles. Una vez reunidas estas partes –la de O’Leary y la de Briceño Méndez– los documentos pasaron a formar parte del archivo de la Academia Nacional de la Historia. Ese mismo año, en el mes de julio, el ministro de Instrucción Pública remitió un oficio a la Academia, designando a Vicente Lecuna, responsable de organizar el Archivo y ejecutar las tareas encaminadas a la preservación de su contenido, labor que fue realizada en la Escuela de Artes y Oficios que él dirigía, y donde fueron encuadernados estos documentos.


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